Sentencia Tribunal Superior de Justicia  Aragón núm. 533/2004 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª), de 23 junio
 
Jurisdicción: Contencioso-Administrativa
 
Recurso contencioso-administrativo núm. 814/2001. 
 
Ponente: Ilmo. Sr. D. Ricardo José Cubero Romeo.	
Recurso 814/2001
Zaragoza, 23 de junio del año 2004
SENTENCIA n° 533/2004
Que dicta la SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO (SECCIÓN PRIMERA) DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ARAGÓN, compuesta por los Iltmos señores 
Magistrados, don Ricardo Cubero Romeo, Presidente, don Jesús Arias Juana, doña Isabel Zarzuela Ballester y doña Nerea Juste Díez de Pinos, en el recurso referido más arriba, interpuesto por don 
Lucas , representante legal de su hijo menor de edad Ángel , representado por la Procuradora doña Eva María Delgado López bajo la dirección del 
Letrado don José Antonio Blesa Leinde, contra la DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN, 
representada y defendida por el Letrado de su servicio jurídico.
Es objeto de impugnación la Orden de la Consejera de Educación y Ciencia de la Diputación 
General de Aragón, de fecha 18 de junio de 2001, que desestimó la reclamación formulada por el 
actor, en concepto de responsabilidad patrimonial y por importe de 1.756.160 ptas., como 
consecuencia de las lesiones padecidas por su hijo menor de edad, Ángel , en el 
Instituto de Enseñanza Secundaria “Jerónimo Zurita”, de Zaragoza.
I.- ANTECEDENTES DE HECHO
1.- La recurrente interpuso el presente recurso con fecha 30 de julio de 2001 y una vez fue admitido a trámite y remitido el expediente administrativo, formuló demanda por la que tras exponer los hechos y razonamientos correspondientes, solicitó la anulación de la resolución recurrida, y en su lugar se le reconociese la indemnización solicitada.
2.-El Letrado de la Administración demandada contestó la demanda considerando ser ésta desestimable por los motivos que- expuso, e interesando, en su consecuencia, la confirmación de la resolución recurrida por su conformidad a derecho.
3.- Recibido el juicio a prueba, fue practicada la pericial propuesta por la actora.
4.- Fue deliberado y votado el presente recurso el día 17 de junio del año en curso.
Es ponente el Iltmo. Sr. D. Ricardo Cubero Romeo, Presidente de la Sala.
II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Mediante instancia, que tuvo entrada en la Diputación General de Aragón el día 28 de junio de 2000, don Lucas formuló reclamación por importe de 1 756.160 ptas., en concepto de daños y perjuicios soportados como consecuencia de la convalecencia de su hijo menor de edad no emancipado, Ángel , el cual había sufrido una caída el 16 de abril de 1999 en las instalaciones del Instituto de Enseñanza Secundaria “Jerónimo Zurita”, de la ciudad de Zaragoza, Centro del que era alumno. Acompañaba a su escrito fotocopia del Libro de Familia. Tramitado el correspondiente expediente disciplinario en el que emitió informe el Director del Centro y dictamen desfavorable a la reclamación la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón, finalmente recayó la resolución desestimatoria, que dictada por la Consejera de Educación y Ciencia de la Diputación General de Aragón, de 25 de junio de 2001, aquí se impugna imputando a la Administración.
Segundo.- El debate, como es natural en este tipo de asuntos, se ciñe en la existencia de nexo causal entre la lesión, quebranto patrimonial soportado, y el funcionamiento del servicio público, en este caso, la Administración Educativa. Y es que mientras la actora entiende que el mal funcionamiento de este servicio público fue la causa del accidente, la indicada Administración, sin embargo, estima que las lesiones fueron debidas a la intervención de un tercero.
Planteado el pleito en estos términos, no dejaremos de recordar que la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas plasmada en el artículo 106.2 de la Constitución y configurada en el artículo 139 de la Ley 30/92, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común con desarrollo reglamentario del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, requiere para su existencia dos fundamentales requisitos. La real y comprobada existencia de lesión patrimonial padecida por el reclamante que no tenga el deber jurídico de soportar, y que la citada lesión sea efecto del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, o, lo que es lo mismo, nexo causal, inexistente en los casos de fuerza mayor; debiéndose añadir el condicionante de la vigencia del derecho a reclamar que prescribe al año de producido el hecho que motive el resarcimiento.
Cuestión esta última que, bajo la alegación de la extemporaneidad del recurso, es excepcionada por la Administración demandada; porque a su juicio, ocurrido el accidente el 16 de abril de 1999, sin embargo, la reclamación no se formula hasta el 28 de junio de 2000. Pero ha de tenerse en cuenta que el “dies a quo” del cómputo en los supuestos, como el presente, de lesiones, es a partir del de la curación de las mismas, determinando las subsiguientes secuelas; en este caso, el 29 de noviembre de 1999, según refiere el informe médico obrante al folio 74 de las actuaciones, de manera que la reclamación ha de tenerse por formulada dentro de plazo.
Tercero. De manera que sin más preámbulos doctrinales, sobradamente conocidos por las partes, y descendiendo al caso, puesto que en resumidas cuentas de una cuestión de hecho se trata, determinante ha de ser para su resolución, cómo en supuestos similares, la prueba practicada en autos, que, obrante en el expediente, se pasa a examinar. Y así resulta que las lesiones padecidas por el alumno menor de edad, a la sazón de 14 años de edad, hecho ocurrido el día 16 de abril de 1999, lo fueron al cogerse los dedos de su mano derecha al cerrarse la puerta de los aseos cuando de allí salía, junto con otros compañeros, para entrar en clase, una vez terminado el tiempo de recreo. Se produjo fractura de la falange proximal y distal del 4° dedo e la mano derecha, de la falange proximal del 5° dedo de la misma mano y falange media del 3° dedo de la misma mano derecha y rotura de extensor de 4° dedo de la indicada mano, a nivel de la interfalángica proximal, quedándole como secuelas, una vez dadote alta el 29 de noviembre de 1999, “limitación de la flexo extensión de la interfalángica proximal del 4° dedo en un arco de flexión del 80% y de extensión de de -10°. En la interfalángica distal del mismo dedo existe la misma limitación. En el 5° dedo existe una desviación en valgo a nivel de la interfalángica proximal. Además de estas secuelas de carácter funcional el lesionado refiere dolor en IFP de 4° y 5° dedos en especial tras la flexión prolongada de las mismas o en los cambios de tiempo. Cicatrices en 4° y 5° dedos en engrosamiento de articulaciones proximales de 4° y 5° dedos y desviación en valgo del 5°. Hay que tener en cuenta - sigue el informe emitido por la Facultativa doña Verónica , obrante al folio 74 del expediente- que al tratarse de lesiones en la mano derecha, rectora para el lesionado, y coincidir el accidente con último trimestre del curso escolar, tuvo influencia negativa en el desarrollo del mismo”.
Dicho accidente, decimos, se produjo como consecuencia de la atropellada salida del lesionado de los servicios del Centro, apoyando la mano en el marco de la puerta de aquellas dependencias, a la altura del pestillo, momento en el que su compañero, Jesús Carlos (según informó el DIRECCION000 del Centro Escolar), la cerró, atrapándole involuntariamente a Ángel los dedos de su mano derecha. Así lo refiere el informe del DIRECCION000 del Centro Escolar, emitido el 4 de octubre de 2000 (folio 51) y el dictamen 140/2001, de 5 de junio de 2001 de la Comisión jurídica Asesora de la Diputación General de Aragón. Este último, en su última consideración textualmente dice. “Pero es que, además, y como acertadamente indica la propuesta de resolución, tampoco se produjo técnicamente la “”lesión” que como requisito de la responsabilidad exige el ordenamiento jurídico. No ha habido daño antijurídico, daño que no tenga obligación de soportar el dañado. Por el contrario, es la propia actuación del dañado y de un tercero cuya identidad se desconoce, quien únicamente ha causado el daño sin que se haya producido la más mínima conexión tonel funcionamiento del servicio público de la educación. No existía actividad organizada pues los daños se produjeron en los baños del recreo y durante el tiempo de éste; además, la edad del dañado (14) y el centro en que se produce el daño (Instituto de Educación Secundaria) hacen concluir en que tampoco por las circunstancias personales del menor existía un deber administrativo singular de vigilancia o tutela sobre actividades que se desarrollarán fuera de la actividad escolar. En suma, en nada es posible establecer un nexo causal entre el daño y la actividad de la Administración Pública por lo que si fuera necesario y la margen del básico hecho de la extemporaneidad de la reclamación, tampoco en este supuesto se daría otro de los requisitos de la responsabilidad administrativa, la lesión”. Palabras estas últimas que, reproducidas por la Sala -salvo las referentes a la extemporaneidad de la reclamación- a los efectos de este recurso jurisdiccional, hacen desestimable el presente recurso. Porque además, como dice la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de julio de 2002 (Aranzadi 8393) “Consideramos nosotros que la consecuencia derivada de una interpretación laxa del citado precepto -139.1 de la Ley 30/1992- hasta el extremo de convertir a las Administraciones Públicas en aseguradoras de todos los riesgos sociales, dada la amplitud de los servicios que prestan y de las competencias que ostentan, es la más perturbadora para una correcta realización y progresiva ampliación de tales servicios públicos, pues el principio de solidaridad de riesgos, que late en el sistema de responsabilidad patrimonial de la Administración, con el fin de lograr un mejor reparto de los beneficios y cargas sociales, puede verse frustrado con interpretaciones extensivas del requisito del nexo causal, aunque sea por razones tan atendibles jurídicamente como es la de evitar el desvalimiento de una persona que ha sufrido un grave quebranto en su salud, para lo que, sin embargo, no está concebido el instituto de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas si no concurren los requisitos para declararla y que debe tener amparo por otras vías no menos eficaces, y, en cualquier caso, más justas para paliar un problema siempre que no concurran todos los requisitos legalmente establecidos para que nazca dicha responsabilidad patrimonial por más que ésta sea objetiva o de resultado, razones todas que nos llevan a estimar el motivo de casación invocado por el Abogado del Estado con la consiguiente anulación de la sentencia recurrida y el deber de resolver lo que corresponda dentro de los términos en que aparece planteado el debate, según establece el artículo 102.1.3° de la Ley de esta Jurisdicción reformada por Ley 10/1992 (RCL 1992\ 1027)”.
Cuarto.- Resultando, pues, íntegramente desestimable el presente recurso y sin imponer las costas procesales, procede, en su consecuencia, dictar el siguiente
III.- FALLO
Desestimar el recurso 814/2001 interpuesto por don Lucas contra la resolución mencionada en el encabezamiento de esta sentencia. Y todo ello sin hacer expresa imposición respecto de las costas procesales originadas.