Sentencia Tribunal Superior de Justicia  País Vasco núm. 794/2005 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª), de 14 octubre
 
Jurisdicción: Contencioso-Administrativa
 
Recurso núm. 206/2000. 
 
Ponente: Ilmo. Sr. D. Agustín Hernández Hernández.	
 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAIS VASCO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 206/00
DE Ordinario Ley 98
SENTENCIA NUMERO 794/05
ILMOS. SRES.
PRESIDENTE:
D.JUAN LUIS IBARRA ROBLES
MAGISTRADOS:
D.AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ 
DÑA.BEGOÑA ORUE BASCONES
Siendo Ponente D. AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ .
En la Villa de BILBAO, a catorce de octubre de dos mil cinco.
La Sección TERCERA de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, compuesta por el Presidente y Magistrados antes expresados, ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el recurso registrado con el número 206/00 y seguido por el procedimiento ORDINARIO, en el que se impugna: la resolución desestimatoria presunta de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada ante la Consejería de Educación del Gobierno Vasco.
Son partes en dicho recurso: como recurrente DÑA.María Luisa, representado por el Procurador D.ABRAHAM FUENTE LAVIN y dirigido por el Letrado D.ALBERTO RUANO ALCUBILLA.
Como demandada ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO, representado y dirigido por el LETRADO DEL GOBIERNO VASCO.
Ha sido Magistrado Ponente el Iltmo. Sr. D. AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ .
I. ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El día 28.01.00 tuvo entrada en esta Sala escrito en el que D. Darío actuando en su propio nombre y dactuando en nombre y representación de DÑA.María Luisa, interpuso recurso contencioso-administrativo contra la resolución desestimatoria presunta de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada ante la Consejería de Educación del Gobierno Vasco; quedando registrado dicho recurso con el número 206/00.
La cuantía del presente recurso quedó fijada en 25.392,72 euros .
SEGUNDO.- En el escrito de demanda ,se solicitó de esta Sala el dictado de una sentencia en base a los hechos y fundamentos de derecho en ella expresados y que damos por reproducidos.
TERCERO.- En el escrito de contestación , en base a los hechos y fundamentos de derecho en ellos expresados, se solicitó de esta Sala el dictado de una sentencia por la que se desestimen los pedimentos de la actora.
CUARTO.- El procedimiento se recibió a prueba, practicándose con el resultado que obra en autos.
QUINTO.- En los escritos de conclusiones, las partes reprodujeron las pretensiones que tenían solicitadas.
SEXTO.- Por resolución de fecha 10.10.05 se señaló el pasado día 11.10.05 para la votación y fallo del presente recurso.
SÉPTIMO.- En la sustanciación del procedimiento se han observado los trámites y prescripciones legales
II.FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Es objeto de pretensión anulatoria y reconocimiento de situación jurídica individualizada que deduce en este proceso la representación procesal de Dª María Luisa, actuando en representación legal de su hijo menor de edad D. Pedro Jesús, la resolución desestimatoria presunta de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada ante la Consejería de Educación del Gobierno Vasco.
Invoca, la actora que su mencionado hijo, escolarizado en el Instituto de Bachillerato de Santurzi, el día 24 de septiembre de 1998, se encontraba, en la hora del recreo, jugando al fútbol con otros escolares, entre ellos Cornelio; y, finalizado el recreo, mientras volvía al aula recibió una patada del citado Cornelio, cuando hacía rodar el balón con el que habían estado jugando al fútbol.
Como consecuencia de la patada recibida resultó con lesiones consistentes en epifisiolisis grado II proximal de tibia así como arrancamiento de la tuberosidad anterior de la tibia; 154 días, quedándole como secuelas persistencia de material de osteosíntesis, perjuicio estético moderado, gonalgia y limitación de movilidad en los últimos grados; por lo que reclama la cantidad total de 25.392,72 euros, imputando la responsabilidad a la Administración demandada por culpa in vigilando en el acceso de los alumnos a las aulas.
La Administración demandada se opone al recurso deducido de contrario interesando su desestimación.
SEGUNDO.- El fundamento de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, y la existencia de la misma, está contemplada en nuestra Constitución en el art. 106.2 de la misma, en cuanto dispone que “en los términos establecidos por la ley tienen derecho, los particulares, a ser indemnizados de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”; este pronunciamiento de carácter general revela la necesaria existencia de unos requisitos que fueron establecidos por el art. 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y posteriormente por los números 1 y 2 del artículo 139 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común.
De dicho precepto legal se desprende que “los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos”.
”En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas”.
Los requisitos legales han sido matizados por la Jurisprudencia, ésta señala que por daño o lesión efectivo hemos de entender el que es cierto, ya producido, no simplemente posible, real, efectivo y evaluable económicamente.
El daño ha de ser individualizable en relación a una persona o grupo de personas, y antijurídico, de forma que si se da en el sujeto el deber jurídico de soportar la lesión decae la obligación de indemnizar.
El daño ha de haber sido causado en virtud de un acto enmarcado en la gestión pública, siendo indiferente que la gestión del servicio, esto es, que el funcionamiento del servicio público, sea normal o anormal, en tanto que solo decae la obligación de indemnizar ante los supuestos de fuerza mayor.
Finalmente debe concurrir un nexo causal entre la actividad administrativa y el daño causado, señalando la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de octubre de 1998, que aún cuando la Jurisprudencia ha venido refiriéndose con carácter general a un carácter directo, inmediato y exclusivo para particularizar el nexo causal, no queda excluido que la expresada relación causal pueda aparecer bajo formas mediatas, indirectas, y concurrentes, circunstancia que puede dar lugar o no a una moderación de la responsabilidad.
Resulta de ello que aunque en general la Jurisprudencia del Tribunal Supremo concibe la responsabilidad patrimonial como puramente objetiva o de resultado, siendo lo único relevante y exigible que se deba al funcionamiento de la administración, es requisito necesario e ineludible que concurra una relación de causa a efecto entre el actuar administrativo y el daño invocado; pues como señala la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 13 de noviembre de 1997 “aún cuando la responsabilidad de la Administración ha sido calificada por la jurisprudencia de esta Sala como un supuesto de responsabilidad objetiva, no lo es menos que ello no convierte a la Administración en un responsable de todos los resultados lesivos que puedan producirse por el simple uso de instalaciones públicas, sino que, es necesario que esos daños sean consecuencia directa e inmediata del funcionamiento normal o anormal de aquélla”.
En consonancia con la anterior doctrina jurisprudencial la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 13 de septiembre de 2002, dictada en unificación de doctrina, señala que “este Tribunal Supremo que tiene declarado, en Sentencia de 5 de junio de 1998 (recurso 1662/94) EDJ1998/13251 , que “La prestación por la Administración de un determinado servicio público y la titularidad por parte de aquella de la infraestructura material para su prestación no implica que el vigente sistema de responsabilidad patrimonial objetiva de las Administraciones Públicas convierta a éstas en aseguradoras universales de todos los riesgos con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados que pueda producirse con independencia del actuar administrativo, porque de lo contrario, como pretende el recurrente, se transformaría aquél en un sistema providencialista no contemplado en nuestro ordenamiento jurídico.” Y la Sentencia de 13 de noviembre de 1997 (recurso 4451/1993) EDJ1997/10125 también afirmamos que “Aun cuando la responsabilidad de la Administración ha sido calificada por la jurisprudencia de esta Sala como un supuesto de responsabilidad objetiva, no lo es menos que ello no convierte a la Administración en un responsable de todos los resultados lesivos que puedan producirse por el simple uso de instalaciones públicas, sino que, como antes señalamos, es necesario que esos daños sean consecuencia directa e inmediata del funcionamiento normal o anormal de aquélla.”
Más en concreto, y referido a un supuesto análogo al que ahora se enjuicia, la Sentencia de 24 de julio de 2001 (recurso 5384/97) EDJ2001/24950 declara que “no cabe, por tanto, imputar la lesión a la Administración docente, habida cuenta que la lesión causada, exclusivamente deriva y trae causa directa e inmediata del golpe fortuito -patada involuntaria- recibido de un compañero del juego en un lance del mismo, sin que, por ende, pueda, desde luego, afirmarse que la lesión fue consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos docentes, so pretexto de encontrarse los alumnos en el recreo, en el interior del patio, dedicados a la práctica de los habituales juegos, pues tales circunstancias, sobre no denotar falta del debido control por el profesorado del Colegio, ya que la lesión se habría producido, cualquiera que hubiera sido la vigilancia, es de tener en cuenta además que la forma en que se causó la lesión producida, repetimos, en un lance del juego, sólo es demostrativa de que en el Colegio se desarrollaba una actividad física, integrante de la completa educación, en sí misma insuficiente para anudar el daño a la gestión pública, la prestación del servicio público docente, ajeno desde luego a la causación de aquel.” Y añade dicha Sentencia que en el concreto supuesto enjuiciado no concurre el imprescindible nexo causal, que rechaza por derivar el daño de un mero lance de juego practicado por los niños, que debe ser considerado como ajeno a las prestaciones exigibles al servicio público docente.”
Por último, debe señalarse que es a la parte actora a quien corresponde, en principio, la carga de la prueba sobre las cuestiones de hecho determinantes de la existencia de la antijuridicidad, del alcance y valoración económica de la lesión, así como del substrato fáctico de la relación de causalidad que permita la imputación de la responsabilidad a la Administración.
En tanto que, corresponde a la Administración, titular del servicio, en el caso de ser controvertido, la acreditación de las circunstancias de hecho que definan el estandar de rendimiento ofrecido por el servicio público para evitar las situaciones de riesgo de lesión patrimonial, y ¿en caso de su invocación- la acreditación de la existencia de fuerza mayor exonerante.
TERCERO.- En aplicación de la anterior doctrina jurisprudencial es llano procede la desestimación del recurso interpuesto toda vez que la patada sufrida por el aquí recurrente fue consecuencia de un lance del juego; ya, dentro del propio juego, ya finalizado éste, por el toque de la sirena que demandaba a los alumnos su regreso a las aulas; cuestión que no ha sido aclarada por la parte recurrente a la que incumbe la descripción exacta del hecho y el establecimiento, preciso, de la relación causal que proclama.
En efecto, la descripción de los hechos que realiza la actora es no sólo parca, sino imprecisa e indeterminada; no indica el lugar concreto en el que se produce la patada, si en el campo de juego, en los aledaños del mismo, en el patio del colegio (fuera del campo de juego), en los pasillos de entrada a las aulas o en otro lugar.
Del mismo modo no indica el momento exacto en que se produce la patada, toda vez que quien propina la patada y quien la recibe están jugando al fútbol, esto es, no indica si fue inmediatamente después de sonar la sirena, en prolongación del juego por parte del jugador “agresor”; o pasado un tiempo cuando ya, finalizado efectivamente el partido, regresaban a clase.
Las cuestiones anteriores deberían haber sido despejadas por la actora en tanto que no es lo mismo que la patada se reciba como consecuencia de la prolongación del juego por los contendientes más allá del toque de la sirena; o que se reciba, finalizado efectivamente el juego, una vez que los alumnos se encuentran en fila, o de regreso a las aulas, en el interior del inmueble en que se encuentran las aulas.
Es llano, del mismo modo que la vigilancia por parte del profesorado no puede ser la misma en las distintas circunstancias que, en abstracto, puedan imaginarse. Y, decimos en abstracto toda vez que la recurrente no ha concretado ni el momento ni el lugar exacto en que se propina o recibe la patada. Esto es, la vigilancia no es, no debe ser, o no puede exigirse que sea la misma, en el campo de juego (los profesores no son árbitros del partido que eventualmente puedan jugar los niños); en el patio del recreo (donde deben vigilar no se desarrollen actividades que puedan resultar lesivas para los alumnos o contrarias a las más elementales normas de convivencia), en el interior del inmueble donde se encuentran las aulas, o en las propias aulas.
Por último, el recurrente no ha interesado la práctica de prueba alguna tendente a acreditar que, efectivamente, una actividad como jugar al fútbol, propia y habitual de todos los niños se encontraba prohibida en el patio durante la hora del recreo; así no ha interesado la remisión, como prueba documental, de las normas del colegio que prohiban o permitan la realización de determinadas actividades durante el recreo; sin que a tal efecto sirvan como prueba testificales de alumnos, compañeros de juego y amigos del recurrente.
Procede, en consecuencia, la íntegra desestimación de la demanda formulada toda vez que la actora no ha desplegado la actividad probatoria necesaria y cuya carga pesaba sobre la misma tendente a acreditar las cuestiones de hecho determinantes de la existencia de la antijuridicidad, así como del substrato fáctico de la relación de causalidad que permita la imputación de la responsabilidad a la Administración..
CUARTO.- No se infieren méritos para, atendidas las especiales circunstancias a que hace referencia el art. 139.1 LJCA de 1998 hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas causadas.
VISTOS, los preceptos legales citados y demás pertinentes y de general aplicación este TRIBUNAL, dicta el siguiente
FALLO
QUE DEBEMOS DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS EL PRESENTE RECURSO CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVO NUMERO 206/00 INTERPUESTO POR EL PROCURADOR SR. FUENTE LAVIN ACTUANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE Dª María Luisa, QUE A SU VEZ ACTUA EN REPRESENTACION LEGAL DE SU HIJO MENOR D. Pedro Jesús CONTRA LA RESOLUCIÓN DESESTIMATORIA PRESUNTA DE LA RECLAMACIÓN FORMULADA EN CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL ANTE LA CONSEJERIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO VASCO.
NO SE HACE EXPRESO PRONUNCIAMIENTO EN COSTAS.
Esta Sentencia es FIRME, y NO cabe contra ella recurso ordinario alguno.
Así por esta nuestra Sentencia de la que se llevará testimonio a los autos, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACION.- Leida y publicada fue la anterior sentencia por el Iltmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, estando celebrando audiencia pública la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el día de su fecha, de lo que yo el/la Secretario doy fe.