Sentencia Audiencia Nacional  (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª), de 20 octubre 2005
 
Jurisdicción: Contencioso-Administrativa
 
Recurso núm. 289/2004. 
 
Ponente: Ilma. Sra. Dª. Isabel García García-Blanco.	
 
SENTENCIA
Madrid, a veinte de octubre de dos mil cinco.
Visto el recurso contencioso-administrativo que ante esta Sección Tercera de la Sala de lo  Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y bajo el número 189/04, se tramita a  instancia de Carmela, representado por la Procuradora Lucila Torres Rius, contra Desestimación, inicialmente por silencio y posteriormente en resolución expresa del Secretario General Técnico, por delegación del Ministro DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE, de 9-10-2002 de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por la recurrente el 27-4-2001 y en el que la Administración demandada ha estado representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado.
ANTECEDENTES DE HECHO
1.- La parte indicada interpuso en fecha 13/12/2001 este recurso respecto de los actos antes aludidos y, admitido a trámite, y reclamado el expediente administrativo, se entregó éste a la parte actora para que formalizara la demanda, lo que hizo en tiempo, en la que realizó una exposición fáctica y la alegación de los preceptos legales que estimó aplicables, concretando su petición en el Suplico de la misma, en el que literalmente dijo:”que, teniendo por presentado este escrito, por devuelto el expediente administrativo que me fue entregado y por formalizada la demanda en el presente recurso y, tras los trámites oportunos dicte sentencia por la que se estime el recurso y se declare el derecho de mi representada a se indemnizada en las cuantías que quedan señaladas en el cuerpo de este escrito y se condene al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a estar y pasar por dicha declaración y por sus consecuencias y, en especial, por el pago de las cantidades señaladas”.
2.- De la demanda se dió traslado al Sr. Abogado del Estado, quien en nombre de la Administración demandada contestó en un relato fáctico y una argumentación jurídica que sirvió al mismo para concretar su oposición al recurso en el suplico de la misma, en el cual solicitó “Que sirva tener por presentado este escrito y por contestada la demanda con devolución de los autos entregados, y, previos los trámites legales, dictar sentencia desestimando la pretensión indemnizatoria del actor dirigida frente a la Administración General del Estado (Ministerio de Educación, Cultura y Deportes), absolviendo a ésta de la pretensión del actor, con expresa imposición de costas a la parte recurrente” .
3.- Siendo el siguiente trámite el de Conclusiones, a través del cual, las partes, por su orden, han concretando sus posiciones y reiterado sus respectiva pretensiones. Por providencia de 1 de julio de 2005 se hizo señalamiento para votación y fallo el día 18 de octubre de 2005, en que efectivamente se deliberó y votó 
4.- En el presente recurso contencioso-administrativo no se han quebrando las forma legales exigidas por la Ley que regula la Jurisdicción. Y ha sido Ponente el Magistrado de esta Sección Dª Isabel García García-Blanco.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
1.- Se impugna la desestimación, inicialmente por silencio y posteriormente en resolución expresa del Secretario General Técnico, por delegación del Ministro DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE, de 9-10-2002 de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por la recurrente el 27-4-2001.
La resolución denegatoria se basa en que la indemnizaciones aplicables aparecen ya definidas en las normas que configuran la situación del funcionario y además en el caso examinado las indemnizaciones se pretenden sin la mínima concreción indispensable en su fundamento, imputación características y valoración.
2.- En el presente recurso, en vía contencioso administrativa se abandona la inconcrección cuantitativa con la que se había articulado inicialmente la reclamación y se reclaman por daños físicos y morales 60.101,21 como indemnización a cargo del Estado, sobre la base de la existencia de responsabilidad patrimonial al haber sufrido la recurrente, funcionaria del MEC, el 21- 2-2000 una caída mientras esquiaba con sus alumnos en las pistas de esquí de Pas de la Casa, Andorra, dentro del horario escolar, accidente que desencadeno la rotura del menisco y los ligamentos cruzados anteriores de la rodilla izquierda, con la consiguiente intervención quirúrgica y una inicial incapacidad temporal hasta el 5-9-2000. Posteriormente el 21-3-2001 se le detecta una algiodistrofia como consecuencia de la inmovilidad del post operatorio y se establece un tratamiento rehabilitador durante el que no consta, por no haberse acreditado, incapacidad laboral (solo se alega). 
3.- La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de los servicios públicos viene proclamada en el art. 106-2 de la CE y su desarrollo se contiene en los arts. 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre y en el RD 429/1993, de 26 de Marzo, que aprueba el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones públicas en materia de responsabilidad patrimonial.
Dicho esto para que surja la responsabilidad patrimonial, se exige que concurran una serie de requisitos, que, según la jurisprudencia, pueden sintetizarse en los siguientes: primero, la existencia de un daño real, efectivo, individualizado y ponderable económicamente; segundo, que el daño resulte imputable a la Administración como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en relación directa e inmediata de causa a efecto, sin incidencia de fuerza mayor, hecho de un tercero o conducta propia del perjudicado que alteren dicho nexo causal, teniendo en cuenta que sólo se excluye en los supuestos de fuerza mayor y no de caso fortuito, lo que implica, como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de diciembre de 1989, que “El carácter fortuito del hecho causante de una lesión no excluye la responsabilidad patrimonial”; y tercero, que se exija dentro del plazo de un año señalado en la Ley.
Es de tener en cuenta que la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha declarado reiteradamente (así en sentencias de 14 de mayo, 4 de junio, 2 de julio, 27 de septiembre, 7 de noviembre y 19 de noviembre de 1994, 11 de febrero de 1995, al resolver el recurso de casación 1619/92, fundamento jurídico cuarto y 25 de febrero de 1995, al resolver el recurso de casación 1538/1992, fundamento jurídico cuarto, así como en posteriores sentencias de 28 de febrero y 1 de abril de 1995) que “la responsabilidad patrimonial de la Administración, contemplada por los artículos 106.2 de la Constitución, 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 1957 y 121 y 122 de la Ley de Expropiación Forzosa, se configura como una responsabilidad objetiva o por el resultado en la que es indiferente que la actuación administrativa haya sido normal o anormal, bastando para declararla que como consecuencia directa de aquella, se haya producido un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado”.
4.- En lo que atañe a la compatibilidad es doctrina jurisprudencial consolidada la que declara que las prestaciones devengadas por aplicación del ordenamiento sectorial son compatibles con las indemnizaciones procedentes de la responsabilidad patrimonial de la Administración por tener su causa en títulos diferentes y ser exigencia de ésta la plena indemnidad de la víctima, que no se alcanzaría con el percibo de las prestaciones prefijadas en las citadas normas sectoriales (Sentencias del Tribunal Supremo de 2 de mayo, 20 de mayo y 28 de noviembre de 1995, 17 de abril y 12 de mayo de 1998, 5 de febrero, 2 de marzo y 10 de abril de 2000 y 29 de junio de 2002, entre otras).
En definitiva, como se indica por el TS en su S de 1-2-2003 (rec. 7061/2001), se trata de decidir si, al integrarse libremente el ciudadano en un servicio público, está amparado o no por el derecho que los particulares tienen a ser indemnizados por las Administraciones Públicas por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes o derechos, salvo los casos de fuerza mayor, siempre que exista nexo causal entre la lesión y el funcionamiento del servicio público, contemplado en los artículos 139 y 141 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o, por el contrario, al asumir voluntariamente los riesgos inherentes al concreto servicio público que presta, tiene el deber jurídico de soportar los daños o perjuicios connaturales a dicho servicio público, de modo que no se pueden calificar de antijurídicos, por lo que no generarían a su favor derecho a una indemnización por el concepto de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública sino sólo aquellas prestaciones que deriven de su relación estatutaria con ésta.
A tal efecto el TS en la mentada sentencia distingue los supuestos de funcionamiento normal y anormal:
En el supuesto de funcionamiento normal, el servidor público ha asumido voluntariamente un riesgo que, de acuerdo con la ley, tiene el deber jurídico de soportar, por lo que el daño no sería antijurídico y la Administración no vendría obligada a indemnizarle por el concepto de responsabilidad patrimonial sino con las prestaciones previstas expresamente en el ordenamiento jurídico aplicable a su relación estatutaria, siendo éste el criterio mantenido en la Sentencia de esta Sala de 10 de abril de 2000 (recurso de casación 9147/95, fundamento jurídico tercero B), aunque la doctrina expuesta no tuviese reflejo por razones procesales en su parte dispositiva.
En el caso de funcionamiento anormal del servicio público, se debe discernir si la deficiencia o anormalidad es consecuencia exclusivamente de la propia actuación del servidor o funcionamiento público, en cuyo caso su misma conducta sería la única causante del daño o perjuicio sufrido, con lo que faltaría el requisito del nexo causal, requerido por el apartado 1 del artículo 139 de la mencionada Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común para que nazca la responsabilidad patrimonial de la Administración, o si la deficiencia o anormalidad del servicio obedece a otros agentes con o sin la concurrencia de la conducta del propio perjudicado. En el caso de que ninguna participación hubiese tenido el funcionario o servidor público perjudicado en el resultado producido, debe ser cabalmente resarcido e indemnizado por la Administración Pública de todos los daños y perjuicios que se le hubiesen irrogado hasta alcanzar su plena indemnidad, pero en el supuesto de que hubiese cooperado en el funcionamiento anormal del servicio, la indemnización en su favor habrá de moderarse en atención a su grado de participación.
En el caso de autos no se destaca ninguna anormalidad del servicio educativo sino simplemente que la recurrente se cayó realizando la actividad educativa -esquí- sin que se haya constatado, ni siquiera alegado, intervención de terceros implicados en dicho proceso y/o deficiencias estructurales del centro educativo e instrumentos empleados. Por todo ello la demanda ha de desestimarse en su integridad sin perjuicio de las prestaciones estatutarias que la recurrente pueda haber obtenido u obtener por razón de la relación estatutaria de servicio funcionarial. 
5.- De conformidad con el art. 139-1 de la LRJCA de 13 de julio de 1998 no se aprecian circunstancias de mala fe o temeridad que determinen expresa imposición de las costas causadas en este proceso.
FALLO
En atención a lo expuesto la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha decidido:
DESESTIMAR el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de Carmela contra la resolución del Ministerio de Educación y Cultura por silencio administrativo a que las presentes actuaciones se contraen, y confirmar la resolución impugnada por su conformidad a Derecho.
Sin imposición de costas.
Al notificarse la presente sentencia se hará la indicación de recursos que previene el art. 248.4 de la ley orgánica 6/1985, de 1 de junio del Poder Judicial.
Así por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual será remitido en su momento a la oficina de origen a los efectos legales, junto con el expediente administrativo, en su caso, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACION
Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por la Magistrada Ponente en la misma, Ilma. Sra. Dª ISABEL GARCÍA GARCÍA-BLANCO estando celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional; certifico.